DESENFOQUE DE GÉNERO
En 2020, el monto asignado al programa Familias Fuertes Salario Rosa ocupó el 42 por ciento del presupuesto destinado a la Secretaría de Desarrollo Social del Edomex (Sedesem), que fue de siete mil 906.4 millones de pesos (mdp). Mientras que en 2018 el programa social tuvo un presupuesto de 967.5 millones de pesos, en 2019 se duplicó a más de dos mil 281 mdp, y para 2020 alcanzó los tres mil 349.2 mdp.
En total, durante los tres primeros años el programa gozó de un presupuesto mayor a seis mil 500 millones de pesos.
En contraste, los recursos asignados para atender las dos Alertas por Violencia de Género (AVG) vigentes en el Estado de México suman 185 millones de pesos en 2020, lo que significa solo el 5.5 por ciento de lo proyectado en tarjetas rosas en el mismo año; es decir: se destinó 18 veces más dinero público a un programa social con una Estructura clientelar que a la atención de la violencia contra las mujeres.
“Para mi representa una farsa (el Salario Rosa) porque no atiende las necesidades de las mujeres en el Edomex; somos número uno en feminicidios, homicidio doloso de mujeres, en violencias de varios tipos: abuso sexual, violación, y la única política pública que lanzó el Gobierno es el Salario Rosa, que además tiene un sesgo importante”, opinó en entrevista Xóchitl Arzola, presidenta de la asociación feminista Mujeres en Cadena, con sede en el Estado de México.
De acuerdo con el último informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), publicado en 2018, la población mexiquense con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema casi alcanzó los 2.5 millones de personas. Por otro lado, la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENIGH) 2018 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), arrojó una cifra de tres millones 916 mil 375 mujeres en pobreza en el Estado de México.
Si se cumple la meta que se trazó el Gobierno del Estado de México de llegar a 378 mil 960 beneficiarias, éstas solo representan al 15 por ciento de la población ponderada por el Coneval; mientras que, considerando la estadística del INEGI, el Salario Rosa solo beneficiaría al 9.6 por ciento de las mexiquenses en pobreza.
Programa insuficiente
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han estudiado los efectos de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionada (PTMC) con un componente en equidad de género, categoría donde se podría ubicar al Salario Rosa de acuerdo con Almudena Ocejo Rojo, especialista en políticas públicas y ex consultora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El PNUD y la CEPAL destacan, en resumen, las siguientes características que deben contener los PTMC con inclusión de género:
Para Ocejo Rojo, los PTMC como el Salario Rosa tienen sus “bondades y ventajas” ante condiciones de pobreza extrema, ya que los mil 200 pesos mensuales que reciben las mujeres más vulnerables pueden cubrir los gastos mínimos de alimentación en un hogar.
Sin embargo, dijo, este tipo de programas deben ir acompañados con otras políticas públicas que incentiven la productividad de las mujeres “porque de otra forma lo que logras sí es subsanar una subsistencia mínima e indispensable, pero no logras que la gente dé el salto de la pobreza”, expuso en entrevista.
Aunque en las Reglas de Operación no se detalla, el Salario Rosa va acompañado de una variedad de cursos en artes y oficios que las beneficiarias pueden tomar, entre ellos: hidroponía, estilismo, corte y confección, bisutería, globoflexia, inglés, computación y preparación de alimentos y conservas, entre otros. Estos se imparten en los Centros de Atención Integral a la Mujer (CAIM) del Edomex y en el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI).
De acuerdo con el gobernador Alfredo Del Mazo Maza, hasta octubre de 2020 más de 110 mil beneficiarias habían tomado estos talleres de las más de 300 mil beneficiarias que sumó el programa hasta la misma fecha. Sin embargo, estas capacitaciones no son obligatorias para mantener el Salario Rosa.
Para Carmen Ponce, especialista en economía de género de la asociación Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), los dos mil 400 pesos bimestrales entregados a cada beneficiaria es un monto muy bajo y solo ancla a las mujeres en la división sexual del trabajo. La activista consideró que el programa “estrella” del gobernador condena a las mexiquenses a una vida de pobreza y dedicada a los quehaceres del hogar, porque está diseñado desde una visión machista y patriarcal.
“El monto es muy bajo y lo más importante, las ancla en la división sexual del trabajo. Se vuelve una limitante para romper el estereotipo de que el lugar de la mujer es la cocina. No propicia la colaboración de los otros miembros de la familia en las tareas domésticas. No va acompañado de una educación formal (escuelas) que posibilite esa colaboración de pareja o hijo. En los medios electrónicos es peor, el estereotipo que se difunde es más retrograda y eso ‘educa’”, expresó en entrevista.
En contraste Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), coincidió en que al Salario Rosa le falta perspectiva y compromiso con los derechos de las mujeres, ya que no permite cerrar las brechas de género y es omiso a las recomendaciones realizadas desde este organismo para modificar la política de igualdad en el Estado de México, la cual consideró “un fracaso”.
“Este tipo de programas son ofensivos para la ciudadanía y para las mujeres porque no tienen un enfoque ni de género ni de derechos humanos, ni mucho menos diferenciado de las diversas realidades que hay en el Estado de México porque no es lo mismo las mujeres que viven en Toluca a las mujeres que viven más al norte, las mujeres indígenas”, expresó en entrevista.
Patricia Rodríguez, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que los mil 200 pesos mensuales del Salario Rosa sí pueden ayudar a las mujeres que lo reciben; sin embargo, su focalización a las madres de familia lo vuelve limitado, sin perspectiva de género y no cumple con sacarlas de la pobreza.
“Si tú revisas las Reglas de Operación, no viene nada como objetivo de igualdad, equidad, visibilidad, autonomía económica; es decir, no tiene ninguna perspectiva de género. A parte la edad es de 18 a 59 años y eso abre demasiado el rango, pero acotada a los recursos que existieran casi casi”, sostuvo en entrevista.
