DISPENDIO MILLONARIO
El tinte político en la operación del Salario Rosa también implica un gasto millonario de recursos públicos. Antes de la cuarentena decretada en marzo de 2020 por el Covid-19, desde el inicio del programa, el gobernador Alfredo Del Mazo Maza realizó 84 actos de entrega de tarjetas rosas: 29 en 2018, 32 en 2019, y 23 hasta octubre de 2020, de acuerdo con comunicados oficiales publicados por el Gobierno del Estado de México (GEM).
Por ejemplo, en marzo de 2019 el GEM invirtió 12 millones 280 mil 687 pesos solo en la compra de 57 mil gorras, playeras, banderines, lonches y aguas embotelladas para las asistentes a los eventos del Salario Rosa, como consta en la copia del contrato CB/15/2019 a la empresa Textil Gob S.A. de C.V., obtenido vía transparencia.
En septiembre de 2019, a petición del Gobierno del Estado de México (GEM), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entregó a la Secretaría de Desarrollo Social mexiquense (Sedesem) la evaluación de nueve programas sociales agrupados en la “Estrategia Salario Rosa” o “Estrategia SR”.
Tras la entrega de los resultados, el gobernador Alfredo Del Mazo se congratuló públicamente porque, dijo, “un organismo internacional evaluó por primera vez la estrategia de política social más importante de la entidad”.
Lo que no dijo el mandatario es que este estudio le costó al erario público 3.5 millones de pesos como consta en la copia del convenio entre el Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social (CIEPS), dependiente del GEM, y el PNUD. Dicho contrato fue exclusivamente para evaluar el diseño del Programa Salario Rosa, pero no su aplicación operativa en campo. Del Mazo Maza tampoco informó que esta evaluación arrojó 45 recomendaciones que, a la fecha, no se han cumplido del todo.
En reiteradas ocasiones se solicitó una entrevista al PNUD a través de Ana del Toro, responsable de medios, para conocer los detalles del acuerdo con el CIEPS. Los mensajes y las llamadas ya no fueron contestadas después del primer intento.
El 29 de octubre de 2020, durante un evento de entrega de tarjetas Salario Rosa en el municipio de La Paz, el secretario de Desarrollo Social Eric Sevilla anunció que en 2021 se realizará una segunda evaluación al Salario Rosa en conjunto con el organismo de Naciones Unidas.
Menos depósitos, más obligaciones
Las primeras Reglas de Operación del programa Familias Fuertes Salario Rosa fueron publicadas en enero de 2018, pero en 2019 y 2020 hubo modificaciones que quedaron establecidas en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de México.
Las mujeres que ingresan al programa social en 2020 tendrán un menor número de depósitos bancarios que sus antecesoras: recibirán seis de 12 transferencias, es decir 14 mil 400 pesos menos de pensión por cada beneficiaria, de acuerdo con las modificaciones establecidas en las Reglas de Operación.
En dicho reglamento también se agregó la cláusula 7.1.1, que en su inciso “f)” advierte que las beneficiarias que manifiesten interés de continuar en el programa deberán presentar, entre otros requisitos, “una carta compromiso para realizar “Acciones de desarrollo comunitario”. Según el glosario del documento, se trata de “las acciones de participación y gestión social organizadas, con el fin de promover condiciones de progreso económico y social para los miembros de una comunidad, así como para mejorar su calidad de vida, reforzando la cohesión social e identidad local”.
En ninguna parte de las Reglas de Operación 2020 se específica cuáles son estas acciones que deben cumplir ni quiénes están facultados para coordinarlas; tampoco menciona cómo es que se regularán y mucho menos se estable la existencia de una burocracia que esté al mando. En contraste, la inclusión de esta cláusula abre la sospecha a la legitimación de la utilización de las beneficiarias a cargo de la Estructura y a la que ningún funcionario estatal ha reconocido públicamente.
En entrevista Almudena Ocejo Rojo, especialista en políticas públicas, consideró que una carac
terística indispensable de cualquier programa social debe ser el establecimiento de criterios claros de identificación de beneficiarias porque de lo contrario, se abre la puerta a la discrecionalidad. Abundó que lo principal sobre la implementación de un programa público es la creación de una burocracia especializada en la implementación del programa.
La también catedrática advirtió que, si no se cumplen con estos requisitos básicos, existe el riesgo de que las mujeres no vean ese programa social como parte de sus derechos como ciudadanas.
“La clientela se genera cuando hay un quid pro quo (una cosa por otra), yo te doy y tú me das, y no porque sea un derecho. Es un programa público y está pagado con recursos públicos, no está pagado por nadie más que por todos nosotros. Y es curioso que como se maneja de esta manera, digamos, indefinida, las mujeres no necesariamente asumen que es un derecho y entonces lo ven como una concesión, lo que genera estos vínculos clientelares”, detalló.
